jueves, 21 de febrero de 2013

Reto sobre la rectoría del Estado



El nuevo gobierno de Peña Nieto, está tratando de recuperar el mayor control de la rectoría del estado. Significa un cambio de paradigma para lograr, con este poder, las reformas estructurales necesarias.

La llamada rectoría del Estado está determinada por la Constitución Política Mexicana en su artículo número 25, en donde faculta al gobierno a regir el desarrollo económico, el nacional, las regulaciones de los bienes públicos y el manejo de las áreas estratégicas. Con la reforma que se acaba de hacer en la Ley de Amparo, el Estado retoma el derecho de dar y quitar las concesiones de las áreas estratégicas a particulares y simplemente se reserva el derecho de eliminar la suspensión que había otorgado más facilidades a los empresarios para poder pelearle al estado su inversión.

Ante este cambio en la Ley de Amparo, la iniciativa privada, la realmente afectada, interpuso su muy seria queja, pero afirmando que entendía y respetaba la decisión. ¿Será que se les acabó el periodo en donde podían tener mayor espacio de negociación, con el partido de los empresarios?

Queda claro que las acciones del nuevo gobierno de Peña Nieto, están tratando de recuperar el mayor control de la rectoría del estado. Por una parte, lo ha hecho con las reforma que van orientadas a eliminar los viejos poderes fácticos, sindicatos y grupos de poder adueñados de ciertas funciones y, lo más importante, de presupuestos. Por otra parte, cambiando leyes como la de amparo, para tener como gobierno la fuerza de la coerción que la Constitución le da y, finalmente, con planes muy definidos y adecuaciones en los reglamentos para manejar eficientemente la operación programática.

Esto es un cambio de paradigma respecto al modelo que la alternancia permitió por parte del PAN, en donde la práctica de gobierno fue trastocada y generó muchos espacios ganados por los poderes fácticos que, curiosamente, muchos de ellos siempre estuvieron del lado del PAN. En la lógica del viejo PRI, el gobierno era el que detentaba el poder y repartía y quitaba, mientras que con el PAN, eso se modificó en la práctica; ahora, se retoma muy rápidamente esta rectoría del Estado de manera muy temprana en el periodo presidencial para, con este poder, pasar a hacer las reformas estructurales necesarias.

Era imposible para el gobierno de Peña Nieto avanzar en reformas más grandes sin antes tener el control de la rectoría del gobierno; considero que ésa es la lógica de las negociaciones y la priorización de las reformas. Tienen que ir, primero, por el control, después, con las acciones que cierren espacios para los grupos fácticos y de poder y, a partir de ahí, se tendrán los elementos para ir proponiendo los cambios en las leyes que desaten los nudos creados en los intereses de ciertos sectores, principalmente energía y telecomunicaciones, para que de ahí, ya  se pueda dirimir, la madre de todas las batallas, la de la gran reforma hacendaria, que como ya mencionamos en análisis anteriores, no sólo implica aumentar el ingreso a través de los impuestos, sino que, además, tiene en el fondo la estructura del federalismo y las aportaciones a los estados.

Desde esta óptica, nuestro federalismo fue creado bajo la tónica del virreinato y para los gobernadores fue más fácil vivir en el régimen Panista que en el PRI de antes; ahora, si se logra regresar al nuevo control, los estados, de alguna manera u otra, también estarán recuperando cierta rectoría que los llevará a la posible liberación para cobrar impuestos localmente, lo que les implicará riesgos y oportunidades en un nuevo esquema federalista.

Esto constituirá un verdadero cambio en el pacto federal y en la forma de relacionarse con el centro y dará un giro a la forma de hacer política en México. Aunado a esto, están todas las reformas que los congresos locales van a tener que aplicar y adecuar, lo que imprimirá un dinamismo a los tres ámbitos de gobierno.

Estamos frente a una nueva estructura de país y no creo que muchas de las autoridades locales lo estén midiendo. Si a esto aunamos que en julio se elegirán la mitad de los Presidentes Municipales que tendrán que administrar este gran cambio, el país realmente está entrando en una verdadera revolución.

¿Estaremos preparándonos para enfrentarla?

Analista Político

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