He encontrado una reticencia natural en los funcionarios de gobierno,
primero, por la inseguridad que les genera el concepto del gobierno abierto a
varios no les acaba de cuadrar el marco legal.
El Gobierno de Peña Nieto acaba de lanzar la estrategia que busca cerrar la brecha
digital del país. Es una buena política pública la cual pretende incluir a
todos los sectores involucrados y alinear todas las aristas de la sociedad,
gobierno y ciudadanía. La estrategia tiene como base el compromiso de México ante los acuerdos mundiales para
el gobierno abierto.
La iniciativa fue, en general, bien recibida por
la sociedad mexicana; las explicaciones de Alejandra
Lagunes la coordinadora de la estrategia digital dejaron muy claro los
productos finales y, desde la óptica ciudadana, es alentador el futuro.
Lo que me he encontrado al estar dando un taller
de planeación estratégica a funcionarios de gobierno e instrumentando planes de
desarrollo institucional en varias dependencias, es que no se ha generado un
proceso de socialización hacia las entidades gubernamentales. En diferentes
reuniones, haciendo el análisis de los impactos para estas entidades públicas,
lo que me he encontrado es una reticencia natural en los funcionarios, primero,
por la inseguridad que les genera el concepto del gobierno abierto a varios no
les acaba de cuadrar el marco legal, ya sea por desconocimiento o por falta de
definición normativa y, por otro lado, no acaban de dimensionar, a pesar de
entender los planteamientos de la estrategia, si deben o no plantear en sus
planes estratégicos y operativos para el próximo año acciones orientadas a
cumplir esta meta y este eje del Plan Nacional de Desarrollo.
Esta situación me lleva a pensar que por la
premura de tiempo, no ha sido posible llevar a cabo la titánica labor de
socializar la estrategia en las dependencias públicas y una de las barreras con
las que esta política pública se va a encontrar es la infinidad de reglas
operativas, normativas y presupuestales en las que viven las dependencias
gubernamentales. Ahí estará el gran reto de la iniciativa para lograr su
implementación.
Por otra parte, del lado de la iniciativa
privada, está el tema de las licitaciones, frecuencias, licencias y toda la
reglamentación de la Reforma de Telecomunicaciones, así como los asuntos de
dominancia y concentraciones del sector.
Una muy buena noticia es que esta iniciativa abre
la puerta oficialmente a las iniciativas de innovación ciudadana, lo que
fomentará que los diferentes actores sociales podamos diseñar proyectos que
ayuden a mejorar la comunicación entre gobierno y sociedad y que sean los
ciudadanos los que ayuden a diseñar aplicaciones para acceder a bases de datos
gubernamentales orientadas a mejorar los servicios que prestan las entidades de
gobierno.
Este planteamiento digital apoya a la sociedad y
a los jóvenes para participar en la transformación del país a través de la
innovación ciudadana, pero también abona al compromiso que, en la pasada Cumbre Iberoamericana en Panamá, se tomó a favor del proyecto de Innovación Ciudadana en
toda la región, en donde México jugó un papel de gran importancia.
Consultor y Analista Político
Twitter: www.twitter.com/@Marcovherrera
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