En las últimas entradas de este blog hemos
comentado sobre la problemática estatal y la poca capacidad de los gobernadores
en turno para el manejo de sus entidades ante un gran cambio que se pretende
impulsar en el país. Otra muestra más de esta problemática es el hecho de que
la semana pasada la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso 4
controversias constitucionales en contra de cuatro estados: Oaxaca, Chiapas,
Michoacán y Sonora. El motivo es que estos estados no han armonizado sus leyes
en materia de educación en el tiempo legal que se dicta en la Reforma
educativa.
Según dice la misma Presidencia de la República,
es la primera vez que se da este tipo de acto jurídico por parte del Ejecutivo
en contra de congresos estatales.
Para entender lo importante del asunto, es
primordial entender que una controversia constitucional es un juicio en el que
un demandante, en este caso la Presidencia de la República, le reclama a un
demandado, en este caso los cuatro congresos estatales mencionados, sobre un
acto que mandata la Constitución y que no se está cumpliendo en tiempo y forma,
sobre una ley autorizada por el Congreso Federal y ratificada por los congresos estatales. Técnicamente estamos
hablando de que la Federación demanda a los estados por no cumplir una Ley.
¿Por qué esto es inaudito en México? Primero,
porque técnicamente se está tomando una decisión legal y no política, lo que
deja un antecedente jurídico muy importante en el Estado mexicano; segundo,
porque esto sólo pudo haber pasado en un Estado con alternancia política, que
con fallas e imperfecciones, sí estamos viviendo en México, en otros tiempos
con la maquinaria política de la Presidencia y del partido en el poder, nunca
se hubiera procedido a una controversia constitucional, simplemente se llamaba
a cuentas al gobernador y al dirigente sindical y se arreglaban las cosas; y
tercero, y a mi juicio más importante, porque existe la voluntad política por
parte del presidente Peña Nieto de hacer cumplir la ley a través de la Ley
misma, y esto es bueno para el país y su futuro.
Ahora bien, analicemos que pasa en los estados.
En Michoacán, Oaxaca y Chiapas es en donde está fundamentalmente asentada la
CNTE, y es en donde existe mayor retraso educativo, bajo este contexto, si sus
congresos y gobernadores no han tenido la capacidad de la Ley Federal es porque
seguramente la presión del magisterio disidente es enorme.
Otros factores en juego son que Oaxaca y Sonora
son estados con gobiernos de partidos contrarios al Presidente, el primero
gobernado por Movimiento Ciudadano y el segundo por el Pan. Por su parte,
Chiapas está gobernado por un partido aliado al PRI, el Partido Verde, y
Michoacán es un estado gobernado por el PRI. En todos estos congresos, a pesar
de que el PRI tiene mayoría simple, no está siendo suficiente.
Queramos o no el gobierno de Peña Nieto está
haciendo historia, por el simple hecho de tomar el camino legal; no sabemos
cuál será el resultado pero habrá que seguir el desarrollo del caso, pero al
final del día son buenas noticias para la Federación y el Estado de Derecho.
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